Aprobaron el Súper RIGI: qué cambia para Neuquén y cómo votaron sus diputados

La Cámara de Diputados convirtió este miércoles en media sanción el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, conocido como "Súper RIGI". La iniciativa del gobierno nacional obtuvo 130 votos a favor, 106 en contra y 7 abstenciones tras una extensa sesión con fuertes cruces políticos. El proyecto pasa ahora al Senado, donde deberá obtener su aprobación definitiva.

El texto recibió el respaldo de La Libertad Avanza y de una serie de bloques aliados que resultaron decisivos para alcanzar la mayoría: el interbloque Fuerza del Cambio —que reúne legisladores del PRO, la UCR, el MID y Por Santa Cruz—, además de Innovación Federal (Salta y Misiones), el bloque Independencia de Tucumán y Producción y Trabajo de San Juan.

Así votaron los legisladores de la región

En la delegación neuquina no hubo sorpresas. Los tres diputados de La Libertad Avanza —Soledad Mondaca, Gabriela Muñoz y Gastón Riesco— acompañaron el proyecto, al igual que Karina Maureira (La Neuquinidad). La única voz disidente fue la del peronista Pablo Todero (Unión por la Patria), quien votó en contra.

"Neuquén es hoy el mayor motor de crecimiento nacional debido a todas las inversiones en petróleo, gas y oleoductos", sostuvo Muñoz durante su intervención, al defender el voto favorable. Todero, por su parte, planteó un argumento que atravesó buena parte del debate opositor: "Las inversiones que hoy están produciendo son previas al RIGI y, sin el régimen, habrían actuado exactamente como están actuando".

En la delegación rionegrina, Aníbal Tortoriello y Lorena Villaverde (La Libertad Avanza) votaron a favor. Sergio Capozzi (Provincias Unidas) se abstuvo, mientras que Adriana Serquis y Marcelo Mango (Unión por la Patria) votaron en contra.

Qué establece el Súper RIGI

El nuevo régimen —que amplía el RIGI original creado por la Ley Bases— apunta a captar inversiones de gran escala en sectores tecnológicos, de inteligencia artificial y nuevas industrias que aún no tienen desarrollo consolidado en el país. Para ello propone un paquete de beneficios fiscales, cambiarios y regulatorios con garantías de estabilidad a largo plazo.

Entre los incentivos previstos figuran: rebajas en el Impuesto a las Ganancias, amortización acelerada de activos, deducción de quebrantos sin límite temporal, créditos fiscales para el IVA, exenciones en derechos de exportación e importación, alícuotas especiales para contribuciones patronales y eliminación de determinados tributos locales.

El proyecto también incorporó modificaciones que buscaron ampliar los consensos. Una de las más relevantes establece que al menos el 20% de los bienes, servicios y obras de cada inversión deberán provenir de proveedores nacionales, siempre que exista oferta disponible en condiciones competitivas. Además, las empresas que destinen fondos a investigación y desarrollo (I+D) podrán computar esos montos por el doble de su valor para alcanzar el mínimo de inversión requerido, con un tope del 20% del total exigido.

Otro punto central es el plazo de adhesión: las empresas tendrán cinco años desde la entrada en vigencia de la reglamentación para presentar sus solicitudes, con posibilidad de una prórroga de hasta un año adicional por decreto presidencial fundado.

Para dar transparencia al proceso, el texto crea un Registro Público de Proyectos del Súper RIGI, de acceso libre, que detallará los emprendimientos ingresados al régimen y los beneficios otorgados. La definición de qué actividades califican como "nuevas industrias" quedará en manos del Poder Ejecutivo nacional, que deberá establecer criterios objetivos y parámetros mensurables mediante reglamentación.