Financiamiento universitario: la Corte Suprema dejó firme la cautelar que obliga al Estado a aplicar la ley

La Corte Suprema dejó firme este jueves la medida cautelar que obliga al Estado nacional a aplicar dos artículos de la Ley 27.795 de financiamiento universitario. El tribunal rechazó el recurso del Gobierno por falta de sentencia definitiva y mantuvo, por ahora, la actualización salarial y la recomposición de programas para estudiantes.

La resolución llevó la firma de los tres ministros del cuerpo, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, que desestimaron la presentación del Ejecutivo y dejaron vigente la decisión dictada en la instancia anterior. La cautelar alcanza a los artículos 5 y 6 de la norma, referidos a la actualización de haberes docentes y no docentes desde diciembre de 2023 y a la recomposición de los programas del estudiantado.

La causa nació de un amparo colectivo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional y distintas universidades públicas, que reclaman declarar inconstitucional el decreto 759/2025, la norma que condicionó la aplicación de la ley a que se definieran primero las fuentes de financiamiento. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal había advertido que el incumplimiento podía provocar un deterioro salarial grave y afectar el derecho de enseñar y aprender.

Financiamiento universitario: qué incluye el acuerdo del 10 de junio

El 10 de junio el Ejecutivo había firmado un acta comprometiendo fondos para un incremento de la masa salarial del 24,33%, una suba del 20% en gastos de funcionamiento y una ampliación de partidas para hospitales universitarios de hasta $50.000 millones. El texto también contempló una actualización del 50% para las Becas Manuela Belgrano desde junio y fijó un cuarto intermedio en paritarias hasta el 15 de septiembre.

El recorrido judicial tuvo antes el veto del Gobierno a la ley, la insistencia del Congreso y la posterior resistencia del Ejecutivo a aplicarla. El Estado incluso pidió apartar a los jueces y excusar a los miembros de la Corte por ejercer la docencia, planteos que fueron rechazados. El expediente sobre el fondo —la inconstitucionalidad del decreto 759/2025— sigue su curso por separado.