Crisis política en Allen: dictaminan que un Concejo Deliberante se extralimitó al suspender al intendente

El procurador general de la provincia de Río Negro emitió un dictamen técnico en el que determinó que el Concejo Deliberante carece de competencia constitucional y legal para disponer la suspensión preventiva de un intendente municipal. El pronunciamiento del titular del Ministerio Público se dio en el marco de un conflicto de poderes elevado al Superior Tribunal de Justicia (STJ), tras la decisión del cuerpo deliberativo local de apartar transitoriamente al jefe comunal de sus funciones de gobierno.

En los fundamentos del dictamen, la Procuración General remarcó que las facultades sancionatorias y disciplinarias de los cuerpos deliberantes se encuentran estrictamente delimitadas por la Constitución Provincial y las respectivas cartas orgánicas municipales. En este sentido, sostuvo que la medida cautelar de suspensión adoptada por los ediles carece de sustento normativo habilitante y quebranta el principio de división de poderes republicano.

El pronunciamiento del Procurador ante el Superior Tribunal de Justicia

El dictamen subrayó que la remoción o suspensión de un mandatario elegido por la voluntad popular solo puede tramitarse a través de los mecanismos formales de revocatoria de mandato o juicio político, garantizando de forma irrestricta el derecho a la defensa y el debido proceso legal. Al no haberse cumplimentado dichas garantías sustanciales, el órgano legislativo municipal incurrió en una manifiesta extralimitación de funciones.

La opinión no vinculante del Procurador General ya fue incorporada formalmente al expediente judicial que tramita ante el máximo tribunal rionegrino. Con esta instancia procesal cumplimentada, el Superior Tribunal de Justicia quedó en condiciones de emitir la sentencia definitiva que resolverá la validez o nulidad de la ordenanza que ordenó el apartamiento del mandatario local.