El gobierno del Neuquén presentó un proyecto de ley para proteger las tierras productivas

El gobierno del Neuquén puso en marcha un nuevo capítulo en la agenda productiva de la provincia. Funcionarios provinciales llevaron a la Legislatura el proyecto de Ley de Protección de Tierras Productivas, una norma que apunta a ordenar el uso del territorio y poner un freno a la pérdida de superficie irrigada con aptitud agrícola, un recurso que la propia iniciativa describe como escaso, limitado y no renovable.

La propuesta llega en un momento de fuerte tensión entre distintos usos del suelo: mientras la actividad hidrocarburífera, la logística y el crecimiento urbano avanzan sobre el territorio, las chacras y áreas de cultivo vienen perdiendo terreno año tras año.

Los números que explican la urgencia del proyecto

El texto presentado ante la Comisión de Producción, Industria y Comercio se apoya en datos concretos que grafican la magnitud del problema:

• La superficie frutícola de la provincia se redujo en 663 hectáreas durante 2025.
• Entre 2010 y 2020, la población neuquina creció un 15%, al pasar de 471.409 a 540.909 habitantes.
• En el mismo período, la huella urbana se expandió un 45%, de 12.460 a 18.083 hectáreas.

Este último dato es clave para entender el espíritu de la ley: la ciudad crece mucho más rápido que la población, lo que implica un consumo de suelo por habitante cada vez mayor y una presión creciente sobre las tierras rurales productivas.

"Pensar qué viene después de Vaca Muerta"

Durante la presentación, el secretario de Producción e Industria de la provincia, Diego García Rambeau, remarcó el valor estratégico de los suelos bajo riego y drenaje, y los definió como el resultado de un largo proceso agropecuario y biológico que no puede reponerse de un día para el otro.

El funcionario vinculó directamente la iniciativa con la estrategia de diversificación económica que impulsa la gestión de Rolando Figueroa: según explicó, la ley busca garantizar que, más allá del desarrollo hidrocarburífero, la provincia pueda sostener una matriz productiva donde el turismo y la producción agropecuaria tengan un rol central.

Cómo funcionará la protección: zonificación en dos niveles

Uno de los ejes centrales del proyecto es la creación de un piso legal provincial de protección para el suelo irrigado, acompañado de una cláusula de no regresión que impide que futuras normas de igual o menor rango flexibilicen los estándares fijados. Los municipios, en cambio, sí podrán aumentar ese nivel de resguardo.

La ley divide el territorio productivo en dos categorías:

1. Zona de Protección Prioritaria (ZP1): reservada exclusivamente para la producción agropecuaria estricta.
2. Zona de Uso Condicionado (ZP2): admite otros usos, pero sujetos a evaluación técnica, eficiencia en el uso del agua y criterios de sustentabilidad.

Ambas zonas cuentan con reglas propias para la subdivisión de parcelas productivas y para el resguardo de la infraestructura hídrica.

Canales, acequias y drenes: infraestructura "intangible"

El proyecto declara intangible toda la infraestructura de riego de la provincia —canales, acequias, compuertas, sifones y drenes— y prohíbe cualquier acción, pública o privada, que altere su funcionamiento. La única excepción son las obras públicas debidamente autorizadas que incorporen medidas compensatorias equivalentes.

Freno a los loteos en zonas rurales

En el plano urbanístico, la iniciativa establece que el uso agropecuario tendrá prioridad por sobre otros destinos y busca desalentar la instalación de loteos y urbanizaciones sobre tierras productivas. También restringe el cambio de destino del suelo hacia usos residenciales, industriales, turísticos o de servicios, salvo para viviendas familiares o casos de interés público que cuenten con el respaldo de dictámenes técnicos y ambientales.

Autoridad de aplicación, fiscalización y sanciones

La Secretaría de Producción e Industria será la encargada de aplicar la norma, ejercer el poder de policía, exigir planes de manejo y aplicar sanciones, en coordinación con las áreas de Catastro y Recursos Hídricos, que deberán elaborar la cartografía oficial de las áreas bajo riego. La ley también crea un Consejo Provincial consultivo, encargado de proponer lineamientos y promover la articulación institucional.

El esquema de fiscalización combina monitoreo remoto con controles presenciales, y prevé sanciones para quienes afecten canales y drenes, alteren el suelo o el escurrimiento del agua, o realicen loteos y obras sin autorización. Las multas se graduarán según:

• La gravedad de la infracción.
• La superficie afectada.
• Si el daño es reversible o irreversible.
• El beneficio económico obtenido.
• La intencionalidad y la reincidencia.

En todos los casos, la ley prioriza que se repare el daño ambiental antes que aplicar una simple multa económica.

Un fondo específico para financiar la conservación de suelos

La iniciativa crea el Fondo Provincial de Protección y Conservación de Suelos Irrigados, que se destinará a:

• Rehabilitar drenajes críticos.
• Modernizar los sistemas de medición y telemetría.
• Financiar la tecnificación del riego.
• Prevenir la salinización y los anegamientos.

Este fondo se nutrirá con lo recaudado por multas, aportes del presupuesto provincial y eventuales contribuciones nacionales e internacionales. Además, el proyecto prevé incentivos para quienes adopten buenas prácticas de conservación de suelos y eficiencia hídrica, incluyendo acceso prioritario a líneas de crédito.

Producción, vivienda e industria: ¿es posible que convivan?

Lejos de plantear una disyuntiva entre desarrollo urbano, industrial y agrícola, el proyecto busca fijar reglas claras para que las tres actividades puedan convivir de manera ordenada. El texto sostiene que Neuquén tiene un potencial de crecimiento importante en producción frutícola, hortícola y de frutas finas, con capacidad para abastecer una porción mayor de la demanda alimentaria local y de nuevos mercados vinculados a la expansión económica provincial.

¿Cuándo entraría en vigencia la ley?

Según el texto del proyecto, la norma comenzará a regir a los 30 días de su publicación en el Boletín Oficial. Los procedimientos técnicos y los mecanismos de fiscalización, en tanto, deberán reglamentarse en un plazo máximo de 180 días.