Desalojaron a los miembros de la toma del predio privado por el delito de usurpación

Finalmente, se efectivizó el desalojo del predio privado de las calles Pedro Genco y Fogwill, conocido entre los vecinos como "Toma La Rosa". Hacia la media mañana, la Justicia avanzaba con las notificaciones por el delito de usurpación contra las personas que integran la ocupación.

Si bien los ocupantes aseguraban que en el predio había unas 200 familias, el relevamiento que hizo el gobierno provincial relevó 70 personas. Mientras las familias tuvieron que desmontar las carpas y salir con los colchones del predio, el personal policial ahora trabaja sobre el terreno para desmantelar el asentamiento.

Tres personas fueron detenidas

La toma empezaba a desinflarse tras conocerse la detención anoche de tres personas, a las que en la jornada de este jueves se les formularán cargos por el delito de usurpación, un paso previo a que se les arme una causa judicial, con una pena desde los 6 meses a los 3 años de prisión.

Por lo mismo, parte de los ocupantes decidió desarmar sus carpas.

Antecedentes en la ciudad

La diferencia con casos anteriores de tomas en la ciudad no es menor: hasta ahora, buena parte de los antecedentes recientes involucraban tierras fiscales, donde —pese a que también hubo ocupaciones de terrenos privados— se terminó llegando a algún tipo de acuerdo.

Pero en este caso, la ocupación arrancó semanas atrás sobre un predio de más de seis hectáreas entre las calles Padre Genco y Fogwill, en el barrio Los Hornitos, que durante los primeros días circuló como una tierra fiscal sin dueño. Pero con el correr de los días se supo que el terreno sería propiedad de una entidad intermedia —según una fuente, un club deportivo de la ciudad— que ya contaba con autorizaciones municipales para desarrollar ahí un proyecto de viviendas: 240 unidades multifamiliares y 10 dúplex, con los trabajos de cerramiento del predio a punto de comenzar cuando llegaron las primeras carpas.

Este último miércoles, además, hubo una reunión en el Ministerio Público Fiscal entre el sector de gobierno que media en el conflicto, el denunciante privado y el Instituto Provincial de la Vivienda y Urbanismo (IPVU), convocado para relevar quiénes de los ocupantes están o no inscriptos en el RUPROVI. Sin embargo, ninguna de las personas cumplía los requisitos de residencia; además de contar con antecedentes anteriores de usurpación.