Malvinas: una jueza frenó el proyecto petrolero Sea Lion y avanza una causa penal en paralelo

La Justicia Federal de Río Grande ordenó a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited que se abstengan de iniciar o continuar obras vinculadas con el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas. La medida cautelar, dictada por la jueza federal Mariel Borruto, alcanza perforaciones, instalaciones submarinas y el inicio de la extracción comercial, y regirá hasta que se complete la evaluación de impacto ambiental que exige la Ley General del Ambiente ante la autoridad argentina competente.

El fallo responde a una presentación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y de la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA). Según indicó la jueza, la documentación incorporada muestra que Sea Lion ya superó la etapa de proyecto: cita la Decisión Final de Inversión de diciembre de 2025 y la contratación de una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga, entre otros elementos, para sostener que "el riesgo no es hipotético ni remoto".

Una causa penal avanza en paralelo, en Comodoro Py

De forma independiente, el Juzgado Federal N° 11 de Comodoro Py tuvo por impulsada una investigación penal contra Desire Petroleum Limited, a partir de un requerimiento del fiscal federal Carlos Stornelli. El expediente busca establecer si hubo exploración o explotación de hidrocarburos sin autorización argentina en la zona, e incluye un pedido de información societaria y bancaria que alcanza también al denominado "grupo Rockhopper". Se trata de una causa distinta de la cautelar de Río Grande, en una etapa de recolección de pruebas, sin que hasta el momento haya personas o empresas formalmente imputadas según lo publicado.

Borruto aclaró que la cautelar "no da por probado que el proyecto vaya a ocasionar un daño ambiental" y que ese extremo "no podría afirmarse en este estado del proceso". La medida también intima a Rockhopper y Navitas a presentar, en diez días judiciales, una declaración jurada con el cronograma de obras, la situación de los 23 pozos proyectados (16 productores de petróleo, seis de inyección de agua y uno de inyección de gas), los contratistas, la estructura societaria y la información financiera y aseguradora del emprendimiento, además de preservar toda esa documentación.

La jueza no hizo lugar, por ahora, al pedido más amplio de prohibir nuevos contratos de financiación o desembolsos, por considerarlo demasiado extenso respecto de terceros aún no individualizados. Tampoco autorizó todavía las comunicaciones a reguladores y mercados extranjeros, aunque dejó abierta la puerta a medidas puntuales más adelante.