Neuquén cesanteó a dos estatales: uno dio positivo de cannabis y otro acumuló meses de ausencias

El Gobierno de Neuquén dispuso este lunes la cesantía de otros dos agentes estatales después de concluir los procedimientos administrativos correspondientes. Uno de ellos pertenecía a la Policía provincial y dio positivo para cannabis en un test toxicológico, mientras que el segundo acumuló ausencias injustificadas durante casi seis meses.

Las medidas se inscriben en la política denominada “tolerancia cero” que la administración provincial aplica ante incumplimientos y faltas disciplinarias dentro del Estado. En ambos expedientes se desarrollaron instancias administrativas para determinar las responsabilidades y garantizar el derecho de defensa de los agentes involucrados.

Uno de los casos corresponde a un integrante del cuerpo técnico del Escalafón Bomberos de la Policía de Neuquén. La Jefatura había solicitado al Ejecutivo provincial su destitución luego del procedimiento iniciado a partir de un control toxicológico.

El segundo involucra a Alexander Alexis Miranda, quien pertenecía a la planta permanente del Ministerio de Gobierno. En su caso, la cesantía se produjo por abandono de cargo debido a las reiteradas inasistencias registradas durante 2024.

Dio positivo para cannabis y la contraprueba confirmó el resultado

De acuerdo con la documentación oficial citada, el episodio que derivó en la salida del efectivo policial se remonta al 21 de julio de 2025.

Ese día, la División Medicina Laboral de la Jefatura de Policía realizó exámenes toxicológicos mediante un test exprés multidrogas. El agente fue uno de los integrantes de la fuerza sometidos al control.

El primer análisis arrojó resultado positivo para cannabis. Posteriormente se efectuó la correspondiente contraprueba y, según consta en las actuaciones, el segundo examen volvió a confirmar la presencia de esa sustancia.

A partir de esos resultados se inició inicialmente una actuación preliminar y posteriormente un sumario administrativo para investigar la conducta del policía.

El procedimiento continuó con las instancias previstas para que el agente pudiera ejercer su defensa. Finalmente, las actuaciones determinaron su responsabilidad administrativa y, de acuerdo con la documentación, no presentó posteriormente ningún recurso administrativo.

Las autoridades consideraron acreditadas transgresiones al Régimen Disciplinario Policial y al Reglamento de Actuaciones Administrativas Policiales.

“Las transgresiones debidamente probadas resultan incompatibles con el accionar y la conducta exigible al personal policial”, sostiene la documentación que fundamentó la medida.

Con esos antecedentes, la Jefatura de Policía solicitó el 9 de enero la destitución del agente, decisión que finalmente derivó en su salida de la fuerza.

Faltó desde febrero hasta julio de 2024

El segundo caso tiene características diferentes. La cesantía alcanzó a Alexander Alexis Miranda, empleado de planta permanente del Ministerio de Gobierno, por abandono de cargo.

Las actuaciones administrativas determinaron que Miranda acumuló ausencias injustificadas durante los días laborables comprendidos entre el 5 de febrero y el 31 de julio de 2024.

Es decir, el período investigado se extendió durante prácticamente medio año.

Según las conclusiones del expediente, el empleado tampoco se presentó a ninguna de las dos audiencias fijadas para que pudiera ejercer su derecho de defensa.

“La conducta del agente refleja una falta de interés hacia sus responsabilidades laborales, siendo evidente que no existía ningún impedimento para su presentación al trabajo”, concluyeron los auditores según la documentación citada.

Ahora quedará pendiente determinar si durante el período en el que no concurrió a trabajar percibió remuneraciones.

En caso de comprobarse que recibió salarios correspondientes a períodos en los que no prestó servicios, los organismos correspondientes podrán avanzar con el reclamo para recuperar esos fondos. Si el dinero no fuera restituido, el expediente señala la posibilidad de iniciar acciones legales por un eventual enriquecimiento sin causa en perjuicio de la administración provincial.