Revocatoria en Allen: aseguran que se alcanzaron las firmas necesarias para avanzar contra Marcelo Román

La situación política de Allen sumó un nuevo capítulo este miércoles, luego de que se informara que la iniciativa ciudadana para impulsar la revocatoria del mandato del intendente Marcelo Román superó las 4.579 firmas requeridas, equivalentes al 20% del padrón electoral tomado como referencia para el procedimiento.

La novedad representa un avance para el grupo de vecinos que promueve la consulta popular desde el pasado 10 de septiembre. Sin embargo, haber reunido las adhesiones no significa que el intendente haya perdido su cargo ni que el referéndum ya esté convocado.

El próximo paso previsto es la intervención del Concejo Deliberante de Allen, que deberá formalizar el avance del procedimiento conforme a las exigencias institucionales aplicables.

De completarse las etapas correspondientes, serán los electores quienes podrán pronunciarse sobre la continuidad de Román al frente del Ejecutivo municipal.

La iniciativa se desarrolla en medio de un escenario de tensión institucional, marcado por diferencias entre el intendente y el Concejo Deliberante, presentaciones judiciales y una investigación penal en la que el jefe comunal figura como imputado.

Cómo comenzó la revocatoria y qué falta para votar

La iniciativa fue impulsada por Silvina Cantero, una vecina jubilada de Allen que comenzó a reunir adhesiones para habilitar una consulta popular sobre la continuidad del intendente.

Cantero explicó que su planteo no está dirigido contra Román en términos personales, sino contra su gestión municipal.

Desde el inicio de la campaña de firmas, el 10 de septiembre, los organizadores promovieron la participación de los vecinos con el objetivo de alcanzar el porcentaje del padrón necesario para avanzar.

Según la información difundida este miércoles, la cantidad de adhesiones ya habría superado las 4.579 firmas exigidas.

El dato deberá atravesar las verificaciones y formalidades correspondientes antes de que pueda concretarse una convocatoria electoral.

El mecanismo previsto contempla un referéndum de participación obligatoria para los electores comprendidos en el padrón de 2023, según las condiciones informadas por los impulsores.

De esa manera, la definición sobre la continuidad del intendente no dependería únicamente de quienes iniciaron la campaña ni de una resolución política del Concejo Deliberante, sino del resultado de una votación popular.

Román cuestiona el procedimiento y mantiene la vía judicial

Mientras avanza la recolección de firmas, Marcelo Román sostiene sus objeciones al proceso de revocatoria.

Durante una entrevista concedida a FM Master, el intendente reconoció que se trata de una herramienta democrática, pero cuestionó la legitimidad del procedimiento impulsado en Allen.

Uno de los puntos de discusión está relacionado con el porcentaje inicial de firmas y las condiciones legales para activar el mecanismo.

Román también manifestó su intención de continuar con las presentaciones judiciales para cuestionar el trámite.

El conflicto ya había generado una intervención del procurador general de Río Negro, Jorge Crespo, quien, según la información difundida, consideró incorrecta la vía judicial utilizada por el intendente en una de sus presentaciones.

Por lo tanto, el eventual referéndum todavía depende de la continuidad del procedimiento institucional y de las cuestiones legales que puedan incidir sobre su convocatoria.

La investigación judicial que involucra al intendente

La discusión por la revocatoria se produce mientras continúa una investigación penal por presunto peculado en la que Marcelo Román figura como imputado.

La causa comenzó a partir de una denuncia formulada por una exsecretaria de Hacienda municipal y tiene entre sus puntos de investigación la adquisición y utilización de un teléfono corporativo pagado con recursos públicos.

El abogado Santiago Güenumil, quien interviene como querellante en representación del Tribunal de Cuentas municipal, sostuvo que el episodio del teléfono podría formar parte de un conjunto más amplio de presuntas irregularidades administrativas y económicas.

Entre las personas investigadas también figura Sebastián Ocampo, empresario de medios de la localidad.

Según las declaraciones del querellante, en la investigación se incorporaron registros de conversaciones de un grupo de WhatsApp denominado Mesa Chica, en el que participaban funcionarios municipales y Ocampo.

Güenumil afirmó que esos elementos permitirían investigar presuntas intervenciones en decisiones administrativas y en la utilización de recursos municipales.

También mencionó un concurso de precios relacionado con cubiertas para maquinaria vial y decisiones sobre la situación laboral de un empleado municipal.

Otro de los aspectos examinados por los investigadores se vincula con registros de antenas telefónicas que, según la querella, ubicaron dispositivos relacionados con la causa en recorridos hacia Santa Fe y la costa atlántica rionegrina.

Estas circunstancias forman parte de una investigación penal en curso y no constituyen una declaración judicial de culpabilidad respecto de los imputados.