Comenzó la primera audiencia por Sea Lion: los argumentos de Argentina y la respuesta británica

Se realizó la primera audiencia por el petróleo de las Islas Malvinas entre Argentina e Inglaterra ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar en Hamburgo. Ambos países mantuvieron sus posturas en sus descargos y un posible acuerdo acerca del proyecto Sea Lion parece insospechado.

Durante la jornada del martes, en Hamburgo, Alemania, se realizó la audiencia sobre la veracidad del proyecto Sea Lion y las medidas cautelares que frenaron el inicio de la megaobra petrolera en el territorio de las Islas Malvinas. Cada país llevó su delegación para resolver el conflicto en pos de sus intereses. El gobierno de Javier Milei señala que el acuerdo viola la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), mientras que el Reino Unido rehúsa la competencia del tribunal y exige el derecho de los isleños a explotar este recurso natural.

La posición de Argentina ante el proyecto Sea Lion

Desde el lado argentino, se mantiene en claro que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar no resolverá la cuestión de la soberanía, aunque busca que la audiencia desestime el accionar del país europeo por el incumplimiento de ciertas obligaciones vinculadas a la explotación de recursos prevista en el Anexo VII de la Convemar.

La defensa principal de Argentina se basa en dos normas creadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Una es la 2065 de 1965, que reconoce la existencia de la disputa por la soberanía, y la 31/49 de 1976, firmada por ambos países, que rechaza la decisión unilateral de algunos de los involucrados mientras la controversia siga abierta.

La solicitud del gobierno de Milei ante la corte tiene cuatro puntos concretos: el Reino Unido no continúe su explotación bajo el proyecto Sea Lion, no debe otorgar nuevos permisos en el área, preservar la información obtenida durante la explotación y proteger el medio marino.

El director general de la Consejería Legal Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y agente de la República Argentina, Mario Oyarzábal, señaló que Argentina reconoce los derechos humanos que tienen los habitantes de las islas, pero ellos no tienen la capacidad para decidir qué Estado es mejor para el territorio. "Lo que estos ciudadanos británicos no tienen es el derecho a decidir a qué Estado pertenecen las Islas. Esa cuestión debe resolverse entre los dos Gobiernos, tal como lo ha determinado la Asamblea General", aclaró.

Además, los defensores del país reclamaron por los riesgos ambientales del proyecto y se estima que cualquier derrame proveniente de los pozos petroleros puede afectar un 30% de las aguas argentinas. "En caso de reventón o de derrame, sería la Argentina quien soportaría sus consecuencias y quien estaría llamada a responder, no un Estado situado a 12.700 kilómetros de distancia", afirmó.

La defensa del Reino Unido

Por su parte, la fiscal que encabeza el equipo de Reino Unido, Ellie Reeves, afirmó que las medidas provisionales de Argentina contra Sea Lion tendrán un efecto devastador en el archipiélago y evitan que los habitantes de las Islas Malvinas ejerzan su derecho a explotar sus recursos naturales "conforme a su derecho fundamental a la autodeterminación".

"El Reino Unido rechaza categóricamente la reivindicación de Argentina (sobre la soberanía). No obstante, hemos buscado entablar un diálogo constructivo. El Reino Unido ha reiterado constantemente su voluntad de cooperar con Argentina en cuestiones de interés y preocupación comunes en el Atlántico Sur y más allá. Argentina, en cambio, ha optado por intensificar su retórica agresiva en las últimas semanas", advirtió la fiscal general.