viernes 20 de noviembre de 2026

SANCIÓN

Qué cambia con la nueva Ley de Discapacidad que aprobó el Senado de la Nación

La Cámara alta sancionó la “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”. Mantiene las pensiones, el nomenclador único y la actualización de aranceles, y elimina el carácter transitorio de la Ley 27.793, que vence en diciembre.
La iniciativa fue aprobado por los 71 legisladores que estaban presentes. Foto: NA
La iniciativa fue aprobado por los 71 legisladores que estaban presentes. Foto: NA

El Senado de la Nación convirtió en ley, por unanimidad, el proyecto que crea un régimen permanente de Discapacidad y reemplaza la ley de emergencia que vence el 31 de diciembre. La iniciativa fue aprobada por los 71 legisladores presentes en el recinto y replica prácticamente todo el esquema de beneficios de la Ley 27.793, pero sin su carácter transitorio.

El oficialismo había rechazado la ley de emergencia en Discapacidad el año pasado. Ahora accedió a mantener sus beneficios, luego del respaldo del papa León XIV a los reclamos de los colectivos de personas con discapacidad.

Qué es la Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad

El proyecto elimina la emergencia y la transitoriedad de la norma vigente. Busca convertir sus disposiciones en una ley permanente y de orden público, con efectos que trascienden a los gobiernos de turno.

Principales puntos de la nueva ley de Discapacidad

  • Compatibilidad entre pensión y trabajo: se mantiene la compatibilidad entre la pensión no contributiva por discapacidad, equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo, y un empleo formal o la inscripción en el monotributo. Los ingresos no pueden superar los dos salarios mínimos vitales y móviles. El beneficio alcanza a los titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD).
  • Nomenclador único: se conserva este principio para las prestaciones.
  • Actualización de aranceles: se ratifica la actualización automática y periódica según el índice de movilidad jubilatoria, vinculado al IPC.
  • Cobertura de salud: se garantiza la cobertura básica del programa federal Incluir Salud para quienes perciban la pensión por discapacidad.
  • Financiamiento: la asignación presupuestaria del Ministerio de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, a la del ejercicio fiscal anterior.
  • Auditorías periódicas: se crea un sistema que cruza información de la ANSES, ARCA, el SINTyS y el RENAPER, bajo el principio del “debido proceso inclusivo”.
  • Deuda con prestadores: una cláusula transitoria fija un cronograma de pago de las compensaciones adeudadas.
  • Reglamentación: el Poder Ejecutivo tiene un plazo máximo de 30 días para reglamentar la ley.

El debate en el recinto

Al abrir la discusión, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, el libertario Agustín Monteverde, defendió la decisión del oficialismo de optar por una ley permanente en lugar de prorrogar la emergencia otro año. “La única forma de salir de la emergencia en discapacidad es con reglas estables, generando previsibilidad”, sostuvo.

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, definió la norma como “un acuerdo social y un acuerdo político”. Reconoció “las falencias de auditorías y la incertidumbre generada por las sucesivas prórrogas”. Destacó además que, a diferencia de la emergencia, la nueva ley establece de dónde saldrán los fondos para solventar las prestaciones.

Desde la oposición, la senadora peronista Lucía Corpacci afirmó que la ley existe “porque la ciudadanía en su conjunto, encabezada por el colectivo de discapacidad, salió a la calle”. Advirtió que “si no modificamos el presupuesto, nada de esto va a valer la pena”. La ex gobernadora Alicia Kirchner dijo que “ninguna sanción reconstruye los derechos que fueron vulnerados” y que la ley es “un punto de partida”.

El presidente del bloque del PRO, Martín Goerling Lara, sostuvo que la dignidad de una persona con discapacidad y la tranquilidad de su familia “no pueden estar atadas a una emergencia que vence el 31 de diciembre”. El radical Maximiliano Abad habló de dejar atrás las respuestas de emergencia y describió un escenario de profesionales con aranceles congelados, demoras de meses en los pagos e instituciones en crisis. La senadora de Provincias Unidas, Alejandra Vigo, planteó la necesidad de optimizar recursos y acompañar a las provincias.

La ley deberá ser promulgada y reglamentada por el Poder Ejecutivo dentro de los 30 días que fija el texto, de modo que el nuevo régimen esté vigente antes del vencimiento de la emergencia el 31 de diciembre.