Por qué una diputada que apoyó a Milei pidió la detención de Manuel Adorni

La diputada nacional Marcela Pagano, que ingresó al Congreso por La Libertad Avanza y luego formó su propio bloque, presentó un pedido de detención del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante el juez que investiga el presunto enriquecimiento ilícito del funcionario.

La presentación del escrito ante el juez Ariel Lijo alude a una doctrina ya utilizada para quienes pueden entorpecer la investigación y se relaciona con una presunta comunicación entre Adorni y el contratista Matías Tabar, que declaró bajo juramento en la causa en la jornada de ayer lunes.

Dice la legisladora nacional en el escrito que el pedido de detención de Adorni se basa entre otros elementos en “una conducta autónomamente típica desplegada por el imputado el día 4 de mayo de 2026, consistente en haber contactado al testigo Matías Tabar inmediatamente  antes de su declaración testimonial bajo juramento”. Allí, según Pagano, el actual jefe de Gabinete habría ofrecido “ayuda y/o el contacto de su equipo, además de procurar el borrado de los mensajes de WhatsApp intercambiados con el contratista”.

Pagano basó además el pedido en la llamada doctrina “Irurzun”, un criterio judicial argentino que justifica la prisión preventiva de exfuncionarios o personas con poder si se presume que sus lazos funcionales o "relaciones residuales" pueden entorpecer la investigación penal. Esta maniobra fue utilizada contra funcionarios del kirchnerismo, tales como Julio De Vido y Amado Boudou, durante el macrismo.

"¿Cómo no se va a usar con Adorni que es la persona más importante de la Argentina, detrás del presidente Javier Milei y su hermana Karina?", cuestionó entonces la diputada en declaraciones a los medios de comunicación.

A su vez, sostuvo que el hecho se agrava porque Adorni se encuentra en pleno ejercicio de su cargo, lo que -según señaló- le otorga mayor capacidad de influir sobre testigos, organismos públicos y el desarrollo del expediente.

"Adorni es una persona poderosa y es un reaseguro que se usa para que personas con poder no entorpezcan la causa", añadió.

El escrito presentado ante Lijo indicó que el accionar del funcionario podría encuadrar también como incumplimiento de los deberes de funcionario público, al utilizar recursos o vínculos derivados de su cargo en una causa en la que está imputado.

En el pedido se advirtió también que existen otros testigos pendientes de declarar, por lo que se teme una reiteración de este tipo de conductas. Por ese motivo, la diputada sostuvo que medidas alternativas -como la prohibición de contacto o una caución- resultarían insuficientes para evitar nuevos intentos de interferencia.

Como alternativa a la detención, Pagano solicitó restricciones estrictas: prohibición de contacto con testigos, retención del pasaporte, caución económica y preservación de comunicaciones.

La presentación también incluyó un pedido de ampliación de la imputación y la producción de pruebas, entre ellas el peritaje del celular del testigo para recuperar los mensajes eliminados.