Neuquén echó a siete empleados públicos en un día por ausencias, abandono de cargo e incumplimientos

El Gobierno de Neuquén concretó siete cesantías de empleados públicos en una misma jornada, en el marco de los controles y sumarios administrativos que la gestión de Rolando Figueroa viene aplicando sobre diferentes áreas de la administración provincial.

La medida alcanzó a tres trabajadores vinculados al sistema público de Salud, tres integrantes de la Policía provincial y una agente del Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos. Los motivos consignados en los expedientes incluyen abandono de cargo, ausencias injustificadas, incumplimientos del régimen policial y diferentes faltas administrativas.

Desde el Ejecutivo provincial ubican estas decisiones dentro de una política destinada a fortalecer los controles sobre el cumplimiento de las obligaciones de los agentes estatales y terminar con situaciones consideradas incompatibles con el empleo público.

La jornada se convirtió así en una de las más significativas desde que comenzaron a intensificarse las auditorías y procedimientos disciplinarios. En varios de los expedientes, además de la cesantía, se dispuso avanzar para recuperar sumas que eventualmente hubieran sido percibidas sin la correspondiente prestación laboral.

Uno de los casos más particulares se produjo en el principal hospital de la provincia. Flavia Alejandra González, quien se desempeñaba como jefa de Gastroenterología del Hospital Castro Rendón, fue cesanteada por abandono de cargo después de no retomar sus actividades tras finalizar una licencia sin goce de haberes.

Tres cesantías dentro del sistema público de Salud

Según consta en el expediente de González, debía reincorporarse a partir del 1 de marzo de 2024, pero no lo hizo hasta el comienzo del sumario administrativo, fechado el 11 de septiembre de ese mismo año.

La profesional tampoco concurrió a una primera audiencia indagatoria. Posteriormente envió un correo electrónico en el que explicó que no podía presentarse debido a “su participación diaria en una capacitación en Estados Unidos”.

González sostuvo además que había renunciado a su puesto. Las autoridades le solicitaron que enviara el correo o la documentación correspondiente a esa renuncia, pero, según el expediente, no hubo respuesta.

También argumentó haber ofrecido prestar servicios a distancia. Esa posibilidad fue rechazada dentro del procedimiento administrativo al considerar que no se correspondía con el régimen legal provincial aplicable.

El documento oficial fue contundente respecto del impacto de la situación sobre el funcionamiento hospitalario: “Situaciones como la descripta no deben ser toleradas”, sostuvo, al advertir que podían generar un precedente negativo frente al personal que cumple regularmente con sus obligaciones y provocar un perjuicio sobre el servicio sanitario.

Otro de los cesanteados fue Juan Pablo Villagra, auxiliar de enfermería del Hospital Bouquet Roldán. En su caso, el expediente determinó ausencias continuas e injustificadas entre el 26 de julio y el 13 de agosto de 2024.

Dentro de las actuaciones se remarcó que la buena fe, el compromiso y la dedicación constituyen valores fundamentales de cualquier relación laboral y que el incumplimiento de las obligaciones puede generar consecuencias tanto para el trabajador como para la institución.

La tercera cesantía dentro de Salud correspondió a Araceli Lilen Ferreyra, enfermera del Hospital Dra. Alicia Cruz de San Patricio del Chañar.

Las actuaciones contabilizaron ausencias continuas e injustificadas durante diferentes semanas de junio, julio, agosto, noviembre y diciembre de 2024. Su situación había derivado en cuatro sumarios administrativos.

Tres policías separados de la fuerza y otra agente cesanteada

Los procedimientos disciplinarios también alcanzaron a tres integrantes de la Policía del Neuquén.

Uno de ellos fue el ex sargento Osvaldo Américo Fuentes, a quien se le acreditó una falta administrativa contemplada dentro del Reglamento del Régimen Disciplinario Policial. La Jefatura de Policía solicitó su separación de la fuerza.

Sobre Fuentes pesaba además una denuncia por presunta violencia familiar presentada el 7 de septiembre de 2024 en Zapala. Los hechos dieron origen a una causa judicial por amenazas, lesiones agravadas y tentativa de abuso sexual.

A partir de esa situación se abrió paralelamente un sumario administrativo. La causa penal y el procedimiento disciplinario avanzaron por vías separadas, y este último terminó con la cesantía.

Según señalaron los auditores en las actuaciones, “las transgresiones debidamente probadas resultan incompatibles con el accionar y las conductas exigibles al personal policial”.

También fue separada de la fuerza Sabrina Andrea Bustamante Roncallo, cabo del escalafón oficinista, quien acumulaba 75 días de arresto policial como consecuencia de diferentes hechos de indisciplina.

La tercera integrante de la fuerza alcanzada por las medidas fue Rocío Ayelén Quintonahuel, sargento a quien se le comprobó una situación de inasistencia al servicio.

Quintonahuel había recibido una licencia excepcional sin goce de haberes desde el 10 de julio de 2024 hasta el 10 de enero de 2025. Según el expediente, una vez finalizado ese período no se reincorporó ni presentó una causa que justificara la ausencia.

La séptima cesantía correspondió a Micaela Nahir Barberis, agente de planta permanente del Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos.

En este caso se acreditaron extensos períodos de ausencias injustificadas durante 2024: del 9 de enero al 9 de febrero, del 14 de febrero al 27 de marzo, del 3 al 30 de abril y del 2 al 31 de mayo. Las autoridades determinaron abandono de cargo.

Barberis había sido convocada para prestar declaración indagatoria dentro del sumario, pero no compareció, según quedó consignado en las actuaciones.

Además de disponer su salida de la administración, se activaron los procedimientos para recuperar las sumas que pudiera haber percibido durante períodos en los que no prestó servicios. En caso de que esos montos no sean restituidos, está prevista la intervención de la Fiscalía de Estado para iniciar las acciones judiciales correspondientes.