Avanza la destitución de diez militares por sueldos irregulares de $981 millones

La conducción de la Armada Argentina apartó de sus funciones a diez militares investigados por una trama de corrupción en el sistema de liquidación de sueldos y avanza con un proceso disciplinario que podría terminar en su destitución. La medida fue dispuesta por el jefe de la fuerza, almirante Juan Carlos Romay, mientras la Justicia Federal investiga en paralelo la denuncia penal presentada por la propia Armada.

Según la denuncia, entre julio de 2022 y enero de 2026 se habrían realizado 645 acreditaciones indebidas a 23 beneficiarios, por un monto histórico de $981.148.567,88. De ese total, diez son militares y trece son civiles sin relación funcional con la fuerza. Hasta el momento de la denuncia se habían restituido $42.574.267,63.

De acuerdo con la investigación interna, la maniobra habría aprovechado el lapso entre el cierre de la liquidación mensual y el envío del archivo de pagos al Banco Nación: se modificaban montos o se incorporaban acreditaciones sin respaldo en los haberes liquidados, que luego eran revertidas en el sistema para dificultar su detección.

Las actuaciones señalan como responsable central a un capitán de Navío Contador identificado en la causa con las iniciales A.B.A., entonces jefe del Departamento Revista, que habría sido relevado preventivamente tras detectarse pagos a su esposa, identificada como M.C.P. Todas las personas mencionadas en la causa se encuentran investigadas y gozan de la presunción de inocencia hasta que exista una resolución judicial firme.

Presti pide la destitución de los militares investigados

El ministro de Defensa, Carlos Presti, ordenó a Romay avanzar con los Consejos de Disciplina para aplicar la sanción más grave prevista en el régimen militar. "Quiero guardar el alto prestigio de la Armada. La Armada no son esos cuatro, cinco, veinte delincuentes", dijo el funcionario, y agregó que espera que la Justicia determine responsabilidades penales.

El caso avanza por dos vías paralelas: la disciplinaria, a cargo de la Armada, que apartó a todo el personal militar involucrado desde el 16 de septiembre y designó a un abogado militar para conducir la instrucción; y la penal, radicada el 15 de septiembre en el Juzgado Federal N° 2, a cargo de Sebastián Ramos. Los investigados podrán ejercer su derecho de defensa en ambas instancias.