Pasaporte por US$350.000: qué cuestionan los especialistas del plan de ciudadanía del Gobierno

El programa de ciudadanía por inversión que el Gobierno nacional lanzó en París empezó a generar cuestionamientos entre especialistas en comercio internacional, derecho migratorio y política exterior. El mecanismo habilitará a extranjeros a solicitar la nacionalidad argentina mediante un aporte no reembolsable de USD 350.000 al Tesoro, o la suscripción de un bono público a tasa cero por USD 800.000. Las solicitudes comenzarán a recibirse en el cuarto trimestre de este año y deberán superar controles de identidad, antecedentes y origen de los fondos.

El esquema prevé además montos menores para el grupo familiar del solicitante: USD 100.000 para cónyuges e hijos solteros de entre 18 y 25 años, y USD 25.000 para menores de edad. El mecanismo se apoya en el Decreto 524/2025, que habilita a extranjeros con una "inversión relevante" a tramitar la ciudadanía ante una nueva Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, aunque deja en manos del Ministerio de Economía la definición de qué operaciones califican bajo ese concepto.

Una diferencia con la ley vigente

La Ley de Ciudadanía 346, sancionada en 1869, ya contemplaba la actividad económica como motivo de naturalización, pero vinculada a inversiones productivas concretas —instalar una industria, por ejemplo—. El nuevo esquema, en cambio, se basa en dos alternativas puramente financieras, sin exigir una inversión productiva específica.

Para el analista Marcelo Elizondo, el programa debe entenderse como una herramienta adicional dentro de la estrategia oficial para atraer capitales, aunque dudó que por sí sola modifique el volumen de inversiones. "El bono es una inversión financiera", señaló, mientras que calificó el aporte de USD 350.000 como "un aporte" o "una cesión al Estado". Elizondo remarcó que el sistema no implica una concesión automática, porque contempla una evaluación de antecedentes: "No es solamente que vengo, pongo plata y me lo llevo". De todos modos, consideró que el alcance del programa será acotado: "Tampoco creo que vamos a tener un aluvión de extranjeros poniendo plata".

El abogado y exembajador argentino en China, Diego Guelar, consideró que la iniciativa podría ser válida si cuenta con resguardos suficientes sobre los fondos y los antecedentes de los postulantes, para evitar que se convierta en "un pasaporte dado por la venta de ciudadanía a cualquiera". Guelar planteó además una duda sobre un posible conflicto de interés vinculado a la consultora Henley & Partners, especializada en programas de migración por inversión: sostuvo en redes sociales que la firma habría asesorado al Gobierno en el diseño del esquema y que luego comenzó a ofrecerlo comercialmente. El sitio de la consultora efectivamente promociona el programa argentino, aunque eso no acredita por sí mismo si existió una contratación formal con el Estado ni cuál habría sido su alcance; se trata, por ahora, de una pregunta abierta y no de un hecho confirmado.

El cuestionamiento impositivo en el Congreso

En el plano legislativo, el diputado nacional de Unión por la Patria Guillermo Michel cuestionó en el recinto una modificación, aprobada en el marco de la reforma laboral, que según su interpretación podría excluir del criterio de renta mundial a los extranjeros que obtengan la ciudadanía por esta vía —es decir, que no tributen en la Argentina por las ganancias que generen fuera del país, a diferencia de otros contribuyentes—. En un mensaje posterior en redes sociales, Michel sostuvo que el cambio crearía "dos tipos de contribuyentes". Cabe aclarar que ciudadanía, residencia migratoria y residencia fiscal son tres condiciones distintas: obtener la nacionalidad no implica automáticamente adquirir residencia tributaria, y la aplicación concreta de cualquier beneficio dependerá de la reglamentación que todavía no se conoce.

El propio Gobierno informó que las solicitudes pasarán por un control de identidad, licitud y trazabilidad del dinero, situación patrimonial, antecedentes penales y reputacionales, y riesgo asociado a la jurisdicción de origen del postulante, antes de que la decisión final quede en manos de la Dirección Nacional de Migraciones. Entre los puntos que todavía restan definir figuran la reglamentación de qué constituye una "inversión relevante", las condiciones exactas del bono a tasa cero y el encuadre fiscal aplicable.