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Libertad de prensa en Argentina: advierten que 2026 ya superó el récord de agresiones a periodistas.

El presidente del Foro de Periodismo Argentino, Fernando Stanich, explicó por AM Cumbre 1400 que los ataques contra trabajadores de prensa aumentaron desde la llegada de Javier Milei al Gobierno.

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) presentó una denuncia ante la Relatoría Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y de Expresión para advertir sobre el deterioro de las condiciones para ejercer el periodismo en la Argentina. La organización solicitó la intervención del organismo internacional ante el Estado argentino frente al incremento de las agresiones, la violencia discursiva y los ataques físicos contra trabajadores de prensa.

En diálogo con el programa Nada sucede dos veces, que se emite por AM Cumbre 1400, el presidente de FOPEA, Fernando Stanich, explicó los motivos de la presentación y expresó su preocupación por el clima de hostilidad hacia el periodismo, especialmente a partir de la llegada de Javier Milei a la Presidencia.

Según detalló, los registros del monitoreo de la organización muestran un crecimiento significativo de los ataques contra periodistas. Incluso, afirmó que 2025 fue el peor año en materia de agresiones y que 2026 ya superó esas cifras, pese a que todavía restan más de dos meses para finalizar el año.

Para Stanich, estos datos evidencian una escalada de violencia que tiene como principal protagonista al presidente de la Nación. Por ese motivo, FOPEA recurrió a organismos internacionales para solicitar un llamado de atención y reclamar mayor compromiso institucional con la protección de la libertad de expresión.

FOPEA alertó por el aumento de las agresiones contra periodistas

Stanich explicó que la violencia contra la prensa se manifiesta de distintas maneras. Por un lado, señaló el crecimiento de las agresiones digitales y discursivas a través de las redes sociales. Por otro, advirtió sobre los episodios de violencia física que sufren los periodistas durante las manifestaciones públicas.

En particular, mencionó las coberturas de las movilizaciones que se realizan cada miércoles frente al Congreso de la Nación, donde trabajadores de prensa han sido agredidos tanto por manifestantes como por integrantes de las fuerzas de seguridad.

El dirigente recordó que FOPEA ya había acudido el año anterior ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que, en esta oportunidad, decidió llevar su preocupación ante la Relatoría de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión.

La presentación busca visibilizar internacionalmente una situación que, según la organización, compromete las condiciones necesarias para el ejercicio del periodismo y el funcionamiento de una sociedad democrática.

El discurso de Javier Milei y la estigmatización del periodismo

Durante la entrevista, uno de los ejes centrales fue el impacto de las declaraciones del presidente Javier Milei contra periodistas y medios de comunicación.

La discusión se produjo luego de que la vocería presidencial intentara justificar las expresiones del mandatario sobre periodistas que, según había afirmado, merecerían la hoguera, al sostener que se trataba de una metáfora.

Para Stanich, este tipo de expresiones no son hechos aislados ni simples manifestaciones de enojo. Consideró que señalar periodistas con nombre y apellido, calificarlos de «ensobrados» o utilizar expresiones agraviantes tiene consecuencias que exceden el enfrentamiento político.

El objetivo de esa estigmatización, explicó, es instalar dudas sobre la legitimidad del trabajo periodístico y debilitar la confianza de la sociedad en los medios de comunicación.

En ese sentido, advirtió sobre el riesgo de que se consolide la idea de que la versión oficial del Gobierno es suficiente para informar sobre los acontecimientos de interés público.

«El periodismo incomoda al poder. Por naturaleza, tiene que ser así», sostuvo.

El presidente de FOPEA remarcó que la tarea periodística resulta indispensable para que la ciudadanía conozca qué sucede en su comunidad, pueda controlar el uso de los recursos públicos y tenga acceso a información sobre las decisiones de quienes gobiernan.

El caso Libra y la reacción del oficialismo frente a las investigaciones periodísticas

Otro de los puntos abordados fue la reacción del Gobierno frente a las investigaciones periodísticas sobre temas de interés público, entre ellos el caso Libra.

Stanich señaló que, cuando el periodismo profundiza en asuntos que incomodan al poder, suelen intensificarse las agresiones contra los trabajadores de prensa.

En ese marco, mencionó las investigaciones sobre el caso Libra y la cobertura periodística de los vínculos de Fernando Cerimedo con el espacio libertario.

Para el dirigente, cuestionar una investigación periodística no significa necesariamente atacar a quienes la realizan. El Gobierno cuenta con herramientas institucionales para responder, desmentir información o ejercer el derecho a réplica.

«Lo que no puede hacer es insultar», afirmó.

También recordó que los funcionarios públicos están sometidos a un mayor nivel de escrutinio y deben tolerar las críticas, precisamente porque ejercen responsabilidades sobre asuntos que pertenecen al conjunto de la sociedad.

La violencia discursiva y la responsabilidad de la figura presidencial

Stanich puso especial énfasis en la asimetría de poder entre el presidente de la Nación y los periodistas que reciben sus agravios.

Recordó que Milei no habla solamente como una persona que expresa una opinión individual, sino como la máxima autoridad del Estado argentino y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.

Por eso, consideró que sus declaraciones tienen una dimensión institucional y pueden contribuir a generar situaciones de hostilidad contra trabajadores de prensa.

El dirigente planteó además una preocupación concreta: los periodistas señalados públicamente tienen familias, hijos, circulan por espacios públicos y desarrollan su vida cotidiana. En ese contexto, advirtió sobre las consecuencias que puede tener la exposición y estigmatización desde las más altas esferas del poder.

La discusión, sostuvo, no debería limitarse a una diferencia entre el Gobierno y determinados medios de comunicación. Lo que está en juego es el reconocimiento del derecho a informar, investigar, opinar y cuestionar las decisiones oficiales.

FOPEA advirtió sobre el riesgo de naturalizar la violencia contra la prensa

Durante la conversación también se analizaron situaciones similares en otros países, como Estados Unidos, España, México y distintas naciones de Centroamérica.

Stanich consideró que el episodio protagonizado por Milei durante su visita a España, donde confrontó públicamente con periodistas, permitió que organizaciones internacionales tomaran mayor dimensión de lo que sucede habitualmente en la Argentina.

En ese sentido, destacó las respuestas institucionales de organizaciones españolas vinculadas con la defensa de la libertad de expresión, que repudiaron las agresiones y reclamaron respeto hacia el trabajo periodístico.

También compartió una advertencia que recibió de colegas de México, El Salvador y otros países centroamericanos, donde la violencia contra la prensa tiene una larga trayectoria y ha derivado en asesinatos, encarcelamientos y exilios de periodistas.

«Este nivel de violencia es el primer paso hacia otros estados de violencia», alertó.

La reflexión apunta a evitar que las agresiones verbales, la persecución discursiva y la estigmatización se conviertan en prácticas habituales y socialmente aceptadas.

Libertad de expresión: el derecho a criticar no puede confundirse con la violencia

Hacia el final de la entrevista, se planteó una distinción fundamental: estar de acuerdo con la gestión política o económica del presidente Javier Milei no implica avalar los ataques contra periodistas.

La libertad de expresión contempla el derecho de los ciudadanos a respaldar al Gobierno, cuestionarlo o expresar posiciones ideológicas diferentes. Pero ese derecho no puede utilizarse como justificación para promover la violencia o deslegitimar el trabajo de quienes ejercen el periodismo.

La discusión tampoco debería reducirse a una disputa entre medios oficialistas y opositores. En una sociedad democrática, la pluralidad de voces, la investigación periodística y el cuestionamiento al poder son componentes esenciales del debate público.

La presentación de FOPEA ante Naciones Unidas vuelve a poner en el centro una discusión que trasciende al periodismo: cuáles son los límites del discurso de quienes ejercen el poder y qué garantías existen para que los trabajadores de prensa puedan desarrollar su tarea sin intimidaciones ni agresiones.

La advertencia de la organización es clara: la violencia contra los periodistas no debe naturalizarse, porque cuando se debilita la libertad de prensa también se debilita el derecho de toda la sociedad a estar informada.

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