Caso Ávalos: la decisión que puede destrabar el juicio más esperado en Neuquén

La causa por la desaparición forzada del estudiante neuquino Sergio Ávalos atraviesa un momento decisivo. El Ministerio Público Fiscal de la Justicia Federal avanzó con una presentación ante la Cámara Federal de Casación para intentar revertir una resolución que favoreció a parte de los imputados y así lograr que los 19 involucrados sean llevados a juicio oral.

Aunque todavía no hay fechas confirmadas, se estima que la respuesta de Casación podría conocerse en las semanas posteriores a la feria judicial de verano. De esa definición depende en gran medida que el expediente avance hacia el debate oral, una instancia largamente esperada por la familia del joven neuquino y por quienes siguen de cerca el caso en la región.

La apelación y los imputados beneficiados

El recurso presentado por los acusadores apunta directamente contra la decisión de la Cámara Federal de General Roca, que revocó el procesamiento de ocho personas. Esa resolución dejó sin efecto lo dispuesto previamente por el juez federal neuquino Gustavo Villanueva, beneficiando, entre otros, al dueño del boliche Las Palmas, Pedro Raúl Nardanone.

Tanto la fiscalía como la querella mantienen la expectativa de que Casación revierta ese fallo y que también esos imputados puedan ser juzgados. Desde la parte querellante, los abogados que representan a la familia de Ávalos valoraron el trabajo realizado por el MPF en esta nueva instancia judicial.

Distinta es la situación de otros 11 involucrados, cuyos procesamientos sí fueron confirmados por la Cámara. Para ese grupo, la instancia de juicio oral aparece más cercana, aunque el avance general del proceso también está atado a la decisión que adopte Casación.

Procesamientos y roles en la causa

La investigación tuvo un punto de inflexión en julio de 2025, cuando se dictó el procesamiento de casi una veintena de personas. La causa está caratulada como privación ilegal de la libertad agravada y se enmarca en la figura de desaparición forzada de personas.

Dentro de los procesamientos iniciales, un grupo fue considerado coautor del delito, entre ellos Osvaldo Daniel Carracedo, Roberto Alejandro Costa, María Alejandra Siboldi, Irene Esther Fuentes, Juan Darío Arévalo Smith, José Luis Flores, Alfredo Humberto Cortínez, Pedro José Sepúlveda Palacios, Eugenio Alejandro Tarifeño, Rubén Ángel Ferreira y Patricio Sesnich.

Otro grupo fue señalado como partícipe necesario, categoría en la que se incluyó a Diego Alberto Herman, Cristian Rubén Cepeda, Rubén Gustavo Escobar, Pablo Martín Fantón, María Teresa Monsalve, Ítalo Edgardo Soto, Pedro Ángel Pacheco y Pedro Raúl Nardanone, varios de los cuales resultaron beneficiados por el fallo de la Cámara roquense.