Amplían la acusación por el caso Viento Sur e imputan a dos exministros de Omar Gutiérrez

El Ministerio Público Fiscal de Neuquén amplió la acusación en la causa que investiga el presunto desvío de fondos públicos otorgados a la cooperativa Viento Sur e imputó a dos exministros que habrían autorizado los desembolsos del programa. Según la fiscalía, la maniobra generó un perjuicio al Estado provincial de $1.208.657.600 a valores históricos.

La formulación de cargos fue realizada por el fiscal jefe Pablo Vignaroli junto a la fiscal del caso Rocío Rivero, el asistente letrado Facundo Bernat y la asistente letrada Agustina Jara. La Fiscalía de Estado de Neuquén adhirió a la acusación y acompañó los pedidos del Ministerio Público Fiscal.

Con la ampliación de la investigación, fueron imputados los exministros Orlando Abel Di Luca y Germán Chapino. La fiscalía les atribuyó haber autorizado pagos mensuales a la cooperativa sin verificar los requisitos establecidos por el programa, aceptando rendiciones incompletas, inconsistentes o inexistentes.

La investigación ya tenía imputados a seis integrantes de la cooperativa por el presunto uso indebido de fondos otorgados a través del “Programa de Acciones de Fortalecimiento para la Capacitación de Integrantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil”, creado por el Decreto 1672/2022 del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo.

Según la acusación, ese programa exigía controles previos obligatorios antes de cada desembolso, entre ellos la verificación de la regularidad institucional de la organización, la certificación de sus autoridades, la presentación de un plan de acción, la confección de un padrón verificable de beneficiarios y la acreditación de capacitaciones efectivamente realizadas.

Pagos antes del decreto y observaciones ignoradas

De acuerdo con la fiscalía, los desembolsos comenzaron el 18 de julio de 2022, un mes antes de la firma del decreto que creó el programa, y continuaron hasta diciembre de 2023.

La acusación también señala que la Contaduría General de la Provincia emitió dictámenes desfavorables durante los períodos investigados, pero que esas observaciones fueron desoídas y los pagos continuaron realizándose.

Calificación legal

El Ministerio Público Fiscal encuadró los hechos como administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública, prevista en el artículo 173 inciso 7° del Código Penal en función del artículo 174 inciso 5°, en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público (artículo 248).

Según la imputación, la maniobra consistió en un esquema sostenido en el tiempo entre julio de 2022 y diciembre de 2023, mediante el cual se desviaron aportes no reintegrables destinados a capacitaciones para organizaciones sociales.

Para la fiscalía, los exfuncionarios actuaron como coautores al ordenar los pagos y habilitar la disposición de los fondos sin verificar las condiciones legales exigidas, lo que permitió el desvío de recursos públicos.

Participación de la cooperativa y terceros

En el caso de tres integrantes de la cooperativa identificados como M.E.M., J.L.L.V. y J.E.B., la fiscalía también los ubica como coautores de la administración fraudulenta por haber solicitado y administrado los fondos con conocimiento de su destino específico.

Según la investigación, presentaron rendiciones con comprobantes que no coincidían con los movimientos bancarios, duplicación de gastos y omisiones deliberadas para sostener la continuidad de los desembolsos.

Además, otras tres personas —identificadas como B.R.V.N., F.G.S. y M.G.S.— fueron acusadas como partícipes necesarios por haber recibido fondos sin contraprestación.

Medidas cautelares

A pedido de la fiscalía, el magistrado que interviene en la causa dispuso la inhibición general de bienes para los dos nuevos acusados, una medida que ya se encontraba vigente respecto del resto de los imputados.

En la reformulación de cargos también se ajustó el monto del perjuicio económico. Inicialmente había sido estimado en $1.341.400.640, pero fue corregido luego de excluir un período que no forma parte de la investigación.