lunes 19 de octubre de 2026

ISLA 132

¿Hacia dónde se encamina el proyecto del Neuquén Arena?

El proyecto, un estadio único multipropósito diseñado para albergar shows internacionales y eventos de élite, ha encendido las alarmas por su impacto en el patrimonio natural de la ciudad.

Un grupo de vecinos y vecinas de la capital neuquina inició este sábado una campaña de recolección de firmas en el corazón de la Isla 132, buscando frenar la construcción del Neuquén Arena. 

La controversia escaló tras las publicaciones de Cordineu, el ente que administra la costa del Limay, donde se confirmó que la asamblea del pasado 6 de marzo autorizó los términos para ceder el Lote H. Se trata de un predio de 20 hectáreas donde se pretende instalar una infraestructura sin precedentes bajo un modelo de inversión público-privada.

No obstante, los críticos señalan con preocupación la figura de Leonardo Carod, representante municipal en el ente, quien ha liderado gestiones para rezonificar la isla y permitir desarrollos hoteleros y gastronómicos.

Para los vecinos autoconvocados, el costo del "progreso" es demasiado alto. El principal argumento radica en la fragilidad ecosistémica de la isla, ubicada entre el río Limay y el arroyo Durán.

Según manifiestan, el sector no cuenta con la capacidad técnica para soportar la demanda de servicios de cloacas y la infraestructura masiva que requiere un estadio de estas dimensiones, poniendo en riesgo el que consideran el principal "pulmón verde" y recreativo de los neuquinos.

Mientras la resistencia civil gana músculo con consignas en defensa del patrimonio natural, el camino administrativo del proyecto sigue siendo incierto. Aunque el anuncio fue realizado el 15 de febrero, la iniciativa del Neuquén Arena —al igual que el prometido banco digital de la ciudad— no había ingresado al Concejo Deliberante hasta hace apenas unos días. Fue recién el último jueves cuando el Ejecutivo envió los pliegos al recinto, donde ahora deberán ser debatidos en comisión.

El esquema de concesión a privados es otro de los puntos que genera suspicacias. El municipio busca atraer inversores que se hagan cargo de la obra a cambio de la explotación comercial posterior, un modelo que los manifestantes ven como una "privatización".