Universidades: la Justicia ordenó al Gobierno aplicar la Ley de Financiamiento Universitario

La Ley de Financiamiento Universitario deberá aplicarse de inmediato, según resolvió este martes 6 de octubre de 2026 el juez federal Martín Cormick. El magistrado declaró inconstitucional el decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno había condicionado la ejecución de la norma.

La decisión fue tomada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 al resolver los amparos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), universidades y docentes, junto con la causa iniciada por la Universidad de Buenos Aires (UBA). El fallo cuestionó que el Ejecutivo pudiera suspender los efectos de una ley que el Congreso había ratificado después del veto presidencial.

Ley de Financiamiento Universitario: qué ordenó la Justicia

Cormick sostuvo que, después de la insistencia del Congreso con las mayorías previstas por la Constitución, el Poder Ejecutivo debía promulgar la ley sin restricciones. Según el magistrado, el decreto terminó funcionando como un mecanismo extraconstitucional y produjo, en los hechos, un efecto similar a un nuevo veto.

El punto cuestionado fue la condición incorporada al decreto 759/2025, que remitía al artículo 5° de la Ley 24.629 y supeditaba la ejecución de la norma a la determinación de las fuentes de financiamiento. El juez consideró que la propia Ley 27.795 contiene mecanismos para realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias.

La sentencia ordena al Gobierno cumplir de inmediato la Ley 27.795 y dictar las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias. La norma contempla, entre otros puntos, actualizaciones para salarios docentes y no docentes, becas y gastos de funcionamiento de las universidades públicas.

El conflicto judicial ya contaba con una medida cautelar favorable a las universidades, dictada en diciembre de 2025 y posteriormente confirmada. La Corte Suprema rechazó el recurso extraordinario del Gobierno el 25 de junio de 2026, por lo que esa medida había quedado firme mientras se discutía la cuestión de fondo.

La nueva sentencia profundiza ese escenario y abre otra instancia de disputa judicial: el Estado nacional todavía puede apelar ante la Cámara del fuero. En paralelo, el Gobierno y el sistema universitario mantienen el conflicto por el alcance efectivo de los fondos, los salarios y los gastos de funcionamiento.