Ley Malvinas: el Ejecutivo fue al Congreso a buscar votos y la oposición pidió dividir el proyecto

El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocido como Ley Malvinas tuvo este martes su primer contacto directo con el Poder Ejecutivo en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. La secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, se presentó para intentar destrabar las internas que el oficialismo arrastraba sobre el proyecto. "Es un proyecto muy importante para los argentinos, vengo con mucha humildad a escuchar. Mi propuesta es que podamos deponer las armas", dijo, en una frase que generó comentarios entre los diputados opositores presentes.

Como gesto de apertura, la funcionaria adelantó que el Gobierno estudia incorporar una comisión bicameral de seguimiento del Consejo de Seguridad que crea la ley, con la obligación del Ejecutivo de mantener una "interlocución fluida" con el Congreso. Sin embargo, confirmó que el oficialismo no dividirá el proyecto en partes, pese al reclamo de varios bloques opositores.

Las críticas de la oposición

Desde distintos espacios, los legisladores opositores plantearon objeciones de fondo. El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro reclamó la presencia en el debate del canciller Pablo Quirno y del ministro de Defensa, el general Carlos Presti, y calificó al proyecto como "un bodoque normativo y de reformas que debería tratarse por separado", al advertir sobre "la militarización y concentración del poder en el Ejecutivo". Ferraro cuestionó además lo que calificó como una posible "amnistía encubierta" para empresas que ya no tenían autorización para operar en el país, en referencia a las firmas vinculadas a Malvinas.

Desde el bloque de Unión por la Patria, la diputada Lorena Pokoik señaló que, de los 133 artículos del proyecto, "los primeros 40 se refieren a cuestiones de Malvinas y los 90 restantes son reformas de la seguridad nacional, interior, defensa, derecho penal, con facultades concentradas en el Poder Ejecutivo". Su par Agustín Rossi cuestionó en particular las disposiciones sobre la cadena de mando en casos de derribo, al considerar que "se les quita la responsabilidad de las decisiones militares"; "esto es una especie de obediencia debida pero al revés. Nadie es responsable", afirmó. El diputado Eduardo Falcone, por su parte, remarcó que el proyecto todavía no aclara cómo sería el procedimiento de autorización del Congreso para que el Ejecutivo pueda derribar un buque o un avión. El presidente del bloque, Germán Martínez, pidió además que se presenten los dictámenes previos de Cancillería y del Ministerio de Defensa sobre el texto.

La defensa oficial y un silencio llamativo

Ibarzabal Murphy defendió la iniciativa al sostener que la situación actual "requiere una mirada más comprensiva e integral de las amenazas externas, con la posibilidad de tomar acciones concretas, que nos permita hacernos respetar". Sobre el señalamiento de una posible amnistía a empresas, explicó que, si una ley solo establece inhabilitaciones sin un régimen de desistimiento, "no estamos poniendo los incentivos en el lugar adecuado", y agregó: "Si dejan de invertir en Malvinas es un éxito porque necesitamos que los proyectos se caigan". También defendió que los distintos títulos del proyecto se traten en conjunto, al considerar que la defensa de la soberanía requiere, además de un régimen sancionatorio, que el Estado cuente con facultades concretas en sus relaciones diplomáticas.

El bloque oficialista de La Libertad Avanza mantuvo un perfil bajo durante casi toda la reunión, con la excepción de la diputada Silvana Giudici, quien cuestionó a la oposición y calificó al proyecto como "la ley más importante que presentó este gobierno". La sesión tuvo además un cruce aparte: las diputadas Mónica Frade y Myriam Bregman se retiraron de la comisión, al acusar al presidente de la comisión de Defensa Nacional, Carlos Zapata, de haberlas ubicado al final de la lista de oradores pese a haber sido de las primeras en ingresar a la sala.