"Se están cayendo a pedazos": el drama de 630 familias en un barrio de Comodoro Rivadavia

Vecinos del barrio Ara San Juan de la ciudad de Comodoro Rivadavia presentaron una denuncia penal contra el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), la Municipalidad local y las empresas constructoras por las graves fallas en las 630 unidades. Denunciaron que hay casas inhabitables, pérdidas de gas y familias que no pueden pagar cuotas desmedidas por hogares en ruinas.

La denuncia llegó acompañada de fotografías, documentación técnica y el testimonio desgarrador de decenas de familias que conviven a diario con grietas, derrumbes y el miedo constante a que algo peor ocurra.

Casas nuevas que ya no se pueden habitar

Jesús Ruiz, vecino y referente del barrio, fue contundente al describir la situación: las 630 viviendas fueron entregadas con cuatro años de retraso y desde el primer momento presentaron fallas estructurales que no hicieron más que agravarse con el tiempo.

"Hay casas colapsadas, otras que van en ese sentido y no da para más. Pedimos que se suspenda el pago de la cuota porque está elevadísima y no para de subir, mientras tenemos que afrontar el gasto de arreglar casas que son nuevas", denunció Ruiz.

El panorama en algunas manzanas es devastador: ocho viviendas en una sola cuadra ya no pueden habitarse por los daños estructurales acumulados. Y hay una situación que mantiene al barrio en vilo: una casa al borde del colapso total, que el IPV aún no demolió, y en la que siguen viviendo niños.

"Hay una casa que se colapsó, que está por caerse, y el IPV no la demuele. Ahí hay criaturas adentro. Un día va a pasar un muerto y no queremos llegar a eso", advirtió Ruiz con una mezcla de desesperación y bronca contenida.

La trampa del suelo: construyeron sobre arcilla y napas freáticas

El corazón de la denuncia apunta a una irregularidad técnica gravísima que habría sido el origen de todos los problemas: las empresas constructoras presentaron planos que contemplaban vigas portamuro y la estructura necesaria para el terreno, pero las casas se levantaron sobre una platea común que no cumple con los requisitos estructurales.

Peor aún: nunca se realizaron estudios de suelo. Según explicó Ruiz, el suelo firme se encontraba entre 3 y 7 metros de profundidad, pero las 630 viviendas fueron construidas sobre suelo arcilloso con napas freáticas. El resultado era predecible, y nadie lo evitó.

Gas, poxilina y un riesgo que nadie ve

A las fallas estructurales se suma otro peligro silencioso: las instalaciones de gas. Una vecina ya sufrió una intoxicación por pérdida, y cuando se revisó la conexión encontraron caños pegados con poxilina —un adhesivo hogareño— en lugar de uniones técnicas homologadas.

"Con el movimiento del suelo, ¿cuántas casas tendrán caños rotos perdiendo gas bajo tierra?", se preguntó Ruiz, poniendo en palabras un riesgo que podría afectar a cientos de familias sin que lo sepan.

Les cobran dos veces el terreno y el 70% del sueldo

A la crisis habitacional se suma un escándalo económico. Los vecinos denuncian que el IPV les está cobrando el terreno en la cuota del crédito, a pesar de que ese mismo terreno ya fue adquirido por las familias a través de sus gremios y cooperativas, mediante compra directa a la Municipalidad.

"El terreno lo compramos nosotros a través de los gremios y cooperativas a la municipalidad, y ahora nos lo vuelven a cobrar en la cuota", denunció Ruiz.

Además, el IPV afirma respetar un tope del 25% del ingreso familiar para el cálculo de la cuota. Pero los vecinos aseguran que en la práctica les descuentan entre el 35% y el 70% de su salario —por viviendas que se derrumban.

"Van a tener que desfilar los funcionarios"

Ruiz no dejó lugar a dudas sobre el alcance de la denuncia ni sobre la determinación del barrio para llevarla adelante: "Desde el 2014 para acá, no va a quedar nadie afuera. Van a tener que desfilar los funcionarios del IPV, los inspectores municipales y el intendente. Esto no puede seguir así".

También apuntó contra la dirigencia política provincial y municipal, que según los vecinos permanece distraída en disputas ajenas a sus problemas reales. "Vemos que se están peleando el gobernador y el intendente por las tierras de YPF. Hay otras cosas que suceden y parece que no se enteran. Ahora se van a enterar por la Justicia", sostuvo.

Próximos pasos

En los próximos días, los vecinos del Ara San Juan obtendrán el número de expediente y conocerán el nombre del fiscal interviniente. A partir de ese momento, comenzará formalmente la investigación penal que podría sentar en el banquillo a funcionarios del IPV, inspectores de obra y empresas constructoras.

630 familias esperan que la Justicia haga lo que los organismos del Estado no hicieron: escucharlos antes de que sea tarde.