Pese a los recursos de las defensas, avanza el juicio que definirá las penas por planes sociales

La Justicia de Neuquén seguirá adelante con la cesura de la causa por la estafa con planes sociales, la audiencia que fijará la pena por asociación ilícita. El juez de Garantías Juan Pablo Encina rechazó el miércoles 23 de septiembre de 2026 el pedido de las defensas para suspender esa etapa hasta que se resuelvan los recursos presentados ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). 

El planteo iba contra lo resuelto en agosto por el Tribunal de Impugnación: que las personas alcanzadas por la sentencia por administración fraudulenta debían ser declaradas responsables también de asociación ilícita, con una nueva audiencia para determinar la pena. Las defensas sostuvieron que esa decisión no estaba firme. Como no hay sentencia firme, rige para todos la presunción de inocencia. 

Por qué la cesura de planes sociales no espera a los recursos

Encina explicó que el artículo 23 del Código Procesal ubica la impugnación después de imponer la pena, segunda etapa del mismo juicio, para revisar todos los planteos en una sola instancia integral. Diario Río Negro reseñó además que el magistrado afirmó: «Nada en la ley subordina la segunda etapa a la firmeza de la primera». 

Con la resolución, las partes tienen 10 días para ofrecer la prueba que usarán en la cesura. Cuando venza el plazo, la Oficina Judicial deberá fijar la audiencia. Algunos defensores impugnaron la decisión de Encina y todos dejaron reservada una Impugnación Extraordinaria Federal.

La causa tuvo su primera sentencia el 11 de diciembre de 2025, tras 39 audiencias. Se refiere al manejo de subsidios del Ministerio de Desarrollo Social durante el gobierno de Omar Gutiérrez. El desvío fue de unos $153 millones, según se determinó en el juicio. 

Tras el cambio de calificación cinco de los 12 fueron declarados responsables como jefes de la asociación ilícita: el exministro de Desarrollo Social Abel Di Luca, el exdirector de Planes Sociales Ricardo Soiza, el exdirector de Fiscalización Néstor Sánz, el exjefe de Gestión de Programas Marcos Osuna y el exfuncionario Tomás Siegenthaler. Los otros siete lo fueron como miembros.