Echaron a tres empleados estatales de Neuquén por abandono de cargo

El Gobierno de Neuquén dispuso la cesantía de tres empleados de planta permanente por abandono de cargo, tras investigaciones administrativas que documentaron ausencias injustificadas. Además de las desvinculaciones, se ordenó revisar si percibieron salarios por jornadas no trabajadas, lo que podría derivar en reclamos de devolución.

Las medidas alcanzaron a Héctor José Adrián Romero, Claudio Alejandro Pino y Liliana Graciela Alfaro, quienes se desempeñaban en los ministerios de Trabajo y Desarrollo Humano y de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos. Los períodos investigados corresponden a 2024, aunque uno de los expedientes también incorporó información sobre inasistencias durante 2025.

Las decisiones se inscriben en la política de control de incumplimientos laborales impulsada por la gestión de Rolando Figueroa. En los sumarios se señaló que las ausencias afectaron el funcionamiento de las dependencias y recargaron de tareas a otros trabajadores.

Qué se investigó en cada uno de los casos

En el caso de Romero, del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano, se acreditaron faltas injustificadas entre el 2 y el 23 de enero de 2024, y entre el 26 de febrero y el 15 de marzo del mismo año.

El expediente indica que tuvo la posibilidad de ejercer su defensa, pero no concurrió cuando fue citado a declarar ni presentó un descargo. Uno de los testimonios sostuvo que, pese a las recomendaciones para que cuidara su empleo y a la asignación de tareas específicas, continuó ausentándose y llegando tarde.

Una autoridad de la Dirección General de Protección de Derechos de las Personas Mayores declaró que el agente “aparecía un día y se iba, fichaba y se iba, desapareciendo durante largos períodos de tiempo”. Los auditores concluyeron que esa conducta evidenciaba desinterés por conservar su trabajo y sobrecargaba al resto del personal.

La cesantía de Pino, quien pertenecía al Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, se fundamentó en inasistencias continuas e injustificadas entre el 2 de enero y el 30 de julio de 2024, además del 16 de agosto.

La investigación administrativa consideró que la reiteración de las faltas reflejaba una omisión intencional de sus obligaciones. También remarcó las consecuencias de esas ausencias para sus compañeros de trabajo.

Por su parte, Alfaro, de la misma cartera, fue sancionada por ausencias injustificadas entre el 3 de junio y el 19 de agosto de 2024. Aunque el expediente menciona circunstancias particulares, concluye que existió un incumplimiento sistemático de sus deberes como empleada pública.

En ese sumario también se incorporaron informes del nexo de Recursos Humanos del ministerio que daban cuenta de inasistencias durante el primer semestre de 2025, posteriores al período central de la investigación.

Revisarán los pagos y podrían reclamar la devolución de haberes

Los tres expedientes fueron remitidos a Recursos Humanos para establecer si los ahora exagentes cobraron sueldos correspondientes a días no trabajados. Esa revisión determinará si corresponde iniciar acciones para recuperar los importes.

Si se detectan pagos y las primeras gestiones de devolución no prosperan, se dará intervención a la Fiscalía de Estado para avanzar con reclamos judiciales por un posible enriquecimiento sin causa en perjuicio de la administración provincial.

Desde el Gobierno vincularon estas medidas con la eliminación de gastos innecesarios y la prioridad presupuestaria otorgada a Salud, Seguridad y Educación. Según destacó el Ejecutivo, la gestión redujo la planta política un 87% y restringió los ingresos, con cobertura de vacantes orientada a esas áreas esenciales.

Durante el fin de semana, Figueroa afirmó que el 82% del gasto salarial provincial se destina a esas tres funciones indelegables del Estado.