El fin de las injusticias en Neuquén
Antes de pedirle sacrificios a la sociedad, el Estado tenía que eliminar los privilegios. Esa fue una de las acciones políticas más fuertes que Rolando Figueroa implementó desde su llegada al gobierno.
No alcanzaba con prometer una administración más eficiente. Había que construir y consolidar autoridad moral, tras una etapa en la que existieron prácticas que eran tan rutinarias como cuestionadas.
Hay deudas que no se miden en millones y tampoco se resuelven con una obra pública. Son deudas que se acumulan cuando la sociedad siente que quienes gobiernan dejaron de representarlos, cuando los privilegios se naturalizan y cuando el Estado termina exigiendo un esfuerzo, que no siempre está dispuesto a hacer puertas adentro. Esta fue la deuda moral que tenía la política neuquina cuando Rolando Figueroa llegó al gobierno en diciembre de 2023.
Durante muchos años se fue estirando la distancia entre la dirigencia y la ciudadanía, a fuerza de beneficios, excepciones y conductas que erosionaron la confianza pública. Por eso el cambio obligó a la política a mirarse a sí misma.
La eliminación de las jubilaciones de privilegio para futuros cargos electivos fue una primera señal. También lo fue la decisión de reducir la planta política, eliminar gastos innecesarios del Estado, controlar el cumplimiento de las tareas en la administración pública y poner bajo análisis contratos heredados. Medidas diferentes, pero atravesadas por una misma idea de que el Estado no podía reclamar responsabilidad si no estaba dispuesto a revisar sus propias responsabilidades.
Figueroa lo resolvió en tiempo récord y no afloja. Eliminó las injusticias. Y ahora, en el momento de la rendición de cuentas, sigue adelante con el despido de ñoquis, indisciplinados e indeseables que no cumplen sus obligaciones laborales o incurren en faltas éticas o legales.
El problema de fondo nunca fue solamente cuánto costaba la política. sino qué legitimidad tiene para pedirle paciencia a una familia, esfuerzo a un trabajador o cumplimiento a un contribuyente mientras acumulaba prácticas que alimentaban la desigualdad.
Figueroa llegó para dejar bien en claro que el empleo público es una responsabilidad, no un privilegio. Y defender a quienes trabajan implica terminar con las situaciones que desprestigian al conjunto.
La misma lógica alcanzó a los funcionarios. La Ficha Limpia, las declaraciones juradas patrimoniales y los controles toxicológicos llegaron para establecer mayores exigencias para quienes ocupan lugares de decisión. Hoy la realidad es otra: hubo un antes y un después.
El ordenamiento de las cuentas, la revisión de contratos y la reducción de gastos innecesarios fueron parte de un proceso que apuntó a recuperar recursos y capacidad de gestión.
Figueroa eligió hacer de la erradicación de los privilegios una de sus banderas. La deuda moral de la política empieza a saldarse cuando el Estado deja de pedir el ejemplo y comienza a darlo. “Hemos sido inflexibles en la tolerancia cero a la corrupción, se trate de quien se trate”, concluyó Figueroa para sellar ese compromiso.